Una nueva tormenta institucional sacude a la Aeronáutica Civil tras conocerse los detalles de un presunto entramado de contratación que involucra a familiares y allegados de altos funcionarios. La controversia comenzó en la semana del 15 de julio, cuando varios funcionarios de la Aerocivil protagonizaron un confuso incidente en el piso 5 de la entidad, en medio de una reunión encabezada por su director, Luis Alfonso Martínez Chimenty. En dicho espacio, las cámaras de seguridad habrían captado a Santiago David Muñoz Olaya, un auxiliar 5 vinculado a reuniones clave de la organización.
Tras una indagación periodística, se estableció que Muñoz Olaya es hermano de Gabriela Muñoz, una joven funcionaria señalada desde hace meses en redes sociales como una pieza influyente dentro de la entidad. Asimismo, la Unidad Investigativa determinó que la madre de ambos jóvenes, Liliana Olaya, se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargo al que renunció apenas dos días después del altercado en la Aerocivil, episodio en el que incluso se profirieron amenazas de acudir a la Casa de Nariño.
Fuentes gubernamentales señalaron que Liliana Olaya llegó a la DNI de la mano de Jorge Lemus, exdirector de esa entidad y antiguo colaborador del presidente Gustavo Petro desde la época de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuando Olaya trabajó con él en el Cuerpo de Bomberos. Aunque la exfuncionaria ha salido a defender la legalidad de los vínculos contractuales de sus allegados, evitó profundizar en sus nexos con Lemus y con la propia DNI.
En declaraciones públicas, Liliana Olaya admitió abiertamente que al menos seis miembros de su núcleo familiar —ella misma, sus dos hijos y cuatro sobrinos—, además de varios amigos de su hija Gabriela, han obtenido contratos con el Estado. Según su versión, los recomendó directamente al general Pinto, exdirector de la Aerocivil, argumentando que se trata de jóvenes recién graduados o estudiantes que cumplen con sus funciones, descartando que perciban salarios millonarios. No obstante, prefirió no dar mayores detalles sobre su labor institucional bajo el argumento de temer por su seguridad personal.
Dentro del listado de familiares beneficiados figura su primo Daniel Felipe Arias Olaya, quien cuenta con un contrato vigente para prestar servicios asistenciales de apoyo a actividades operativas, logísticas y de relacionamiento institucional en la Oficina de Atención al Ciudadano. A él se suma Samuel Muñoz Rayo, vinculado para labores de apoyo a la gestión documental.
El abanico contractual también incluye a Juan Manuel Galindo Muñoz, encargado de prestar servicios profesionales en asuntos técnicos para apoyar procesos de planeación, gestión de calidad y gestión documental por un valor de 70 millones de pesos. En la misma red figuran Silvana Muñoz Jaramillo y otra joven cercana al clan, a quien le figuran tres contratos adicionales distribuidos entre el Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión Fiscal y Parafiscales.
Mientras las revelaciones continúan escalando, surgen interrogantes sobre la postura oficial del gobierno de Gustavo Petro frente a estas denuncias y sobre los pasos que dará Angie Rodríguez para entregar el material probatorio necesario a la justicia.
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