Un sofisticado y lucrativo entramado criminal que utilizaba la tecnología como su principal arma de intimidación fue desmantelado por las autoridades colombianas. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, miles de llamadas y mensajes extorsivos coordinados directamente desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, convirtieron el temor de las víctimas en una fuente millonaria de ingresos ilícitos que superó los 4.900 millones de pesos, según informó El Tiempo.
La modalidad delictiva comenzaba a través de la creación de perfiles falsos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los integrantes de la red contactaban a potenciales víctimas ofreciendo supuestos servicios sexuales. Mediante el uso de fotografías íntimas o montajes elaborados con imágenes extraídas de redes sociales, los delincuentes amenazaban a los ciudadanos con divulgar el contenido o señalarlos de falsos delitos sexuales. Si la persona cedía al primer pago, la presión aumentaba de manera sistemática para obligarla a realizar nuevas transferencias bajo la constante amenaza de arruinar su reputación y dignidad, de acuerdo con el rotativo.
Las pesquisas financieras revelaron que los recursos obtenidos eran rápidamente canalizados a través de billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente, el dinero se distribuía entre los operadores internos y las personas que desde el exterior facilitaban su blanqueo. Parte de estas ganancias ilícitas —que habrían superado los 2.000 millones de pesos ocultados en menos de cuatro años— era empleada para adquirir bienes raíces, vehículos y mantener los privilegios dentro del centro penitenciario, permitiendo el ingreso ilegal de estupefacientes y bebidas alcohólicas, según el informe periodístico.
El cerebro detrás de esta estructura criminal sería Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, un exintegrante de las extintas Farc recluido en La Picota que purga una condena de 38 años por homicidio. A pesar de estar tras las rejas, Viracachá mantenía el control financiero y criminal del pabellón, reclutando y entrenando a otros internos para ejecutar llamadas masivas a distintas regiones del país. En la operación exterior también habrían participado familiares directos del cabecilla, incluyendo su esposa, su hijo y su hijastra, según el citado diario.
Ante la contundencia de las pruebas recopiladas —que incluyeron el análisis de más de 631.000 operaciones financieras y decenas de denuncias—, un fiscal especializado presentó a los implicados ante un juez de control de garantías. Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, mientras las autoridades continúan las pesquisas para dimensionar el alcance total de la red, de acuerdo con el periódico.
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