Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 26, 2026 - 7:04 pm
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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana tras identificar un incremento significativo en los riesgos de violaciones a los derechos humanos en cinco municipios del departamento del Huila. El informe advierte sobre el avance de estructuras armadas pertenecientes al denominado Estado Mayor Central (EMC), encabezado por alias “Iván Mordisco”, la principal disidencia de las extintas Farc. Esta preocupación se centra especialmente en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, donde, de acuerdo con la Defensoría liderada por Iris Marín Ortiz, se ha identificado la expansión del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, fracciones del Bloque Central Isaías Pardo.

Según el documento oficial, estas agrupaciones ilegales han logrado consolidar un control dominante en corredores estratégicos de la cordillera Central, facilitando el tráfico de armas, suministros y el desarrollo de economías ilegales, conectando al departamento del Huila con regiones críticas como el sur del Tolima y el Cauca. La alerta subraya “graves consecuencias humanitarias”, pues en lo que va de 2025 se han registrado, según la Defensoría, al menos seis homicidios “ejemplarizantes”, justificados por las disidencias bajo su propio régimen normativo. Esto ha provocado tasas de homicidio elevadas, en especial en Palermo y Neiva.

Además de los asesinatos, la entidad documentó casos de extorsión sistemática a caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, quienes están siendo obligados a acudir a zonas rurales bajo amenaza para negociar pagos ilegales. Estos hechos se sustentan en lo que la Defensoría denomina “manuales de convivencia”, que incluso establecen restricciones a la movilidad y vetan el ingreso de personas ajenas a la zona.

El informe también denuncia la manipulación y coacción de liderazgos comunales forzados a replicar órdenes del grupo armado, lo que genera riesgos de estigmatización y posibles agresiones tanto por parte de ilegales como por la fuerza pública. Se documentaron violaciones graves al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente por el uso de civiles como escudos humanos, al ser alojados por la fuerza en viviendas durante enfrentamientos.

Asimismo, se identificaron riesgos por ocupación de escuelas y la amenaza permanente a estudiantes y docentes. La utilización de drones con explosivos, las complicaciones en el manejo de cuerpos de combatientes y, en particular, el reclutamiento forzado de menores a través de engaños y manipulación en redes sociales, hacen parte del complejo panorama. Adicionalmente, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas, como el pueblo nasa, han sido víctimas de desplazamiento y amenazas.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exigió respuestas inmediatas a las autoridades regionales y nacionales. La entidad radicó 19 recomendaciones orientadas a contener las amenazas, prevenir el reclutamiento de menores, reforzar la protección de líderes sociales y personas firmantes de paz, y reducir las vulnerabilidades mediante mejoras en la conectividad de zonas aisladas. Se enfatiza en la necesidad de una estrategia basada en la seguridad humana y la garantía de derechos, considerada esencial para mitigar el impacto de la expansión armada en el Huila.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en el Huila?

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana ante el grave riesgo de violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario en cinco municipios del Huila, debido a la expansión y consolidación de estructuras armadas como el Estado Mayor Central, que ha incrementado homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y restricciones a la movilidad, según documentación propia de la entidad.

¿Qué significa el derecho internacional humanitario (DIH) y cómo se ha infringido en el Huila?

El derecho internacional humanitario (DIH) es el conjunto de normas que regulan la conducta de conflictos armados, buscando proteger a personas que no participan directamente en las hostilidades. En el Huila, según la Defensoría, se han registrado infracciones al DIH como el uso de civiles como escudos humanos y la ocupación violenta de escuelas durante enfrentamientos armados.

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