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Cinco personas fueron capturadas en una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la agencia antinarcóticos estadounidense DEA, por su presunta participación en el lavado de COP 2,3 billones, equivalentes a millonarias sumas en dólares, provenientes del narcotráfico. Estas detenciones se llevaron a cabo en las ciudades de Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en lo que constituye uno de los golpes más significativos de los últimos años contra las estructuras que intentan dar apariencia de legalidad a activos ilícitos, según la Fiscalía General de la Nación.
Como parte del mismo proceso, las autoridades incautaron de 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado, cuyo valor conjunto supera los USD 10,2 millones. Estos activos, que ahora están bajo proceso de extinción de dominio, incluyen propiedades e inmuebles de alto valor, así como vehículos de alta gama. Según la Fiscalía General de la Nación, el esquema habría operado entre 2018 y 2026, periodo durante el cual se crearon nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales que se dedicaban oficialmente a actividades como obras de ingeniería civil, consultorías, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Las investigaciones revelaron varias irregularidades en la operatividad de estas empresas, como la ausencia de infraestructura, poca o nula actividad económica real y discrepancias importantes entre los balances financieros y los movimientos bancarios. Además, se identificaron transacciones internacionales de alto valor y operaciones cruzadas entre las mismas entidades, lo que levantó sospechas sobre el origen y destino de los fondos.
Una de las modalidades sofisticadas presuntamente empleadas para mover el dinero ilícito fue la utilización del mercado de criptoactivos. El ente investigador explicó que se detectaron cuantiosas transferencias en una moneda digital conocida como USDT (Tether), relacionadas con empresas conectadas a organizaciones narcotraficantes previamente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Posteriormente, estos fondos eran retirados rápidamente e invertidos en propiedades y vehículos, completando así el proceso de ocultamiento y transformación del dinero ilícito.
Los principales señalados en este entramado son Hugo Daniel Giraldo Santamaría, supuesto jefe de la organización; Carolina María Giraldo, encargada del manejo financiero; Janeth Catalina Cano Santamaría, presunta coordinadora de la canalización y movimiento de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijuela, vinculado con billeteras digitales; y Luis Andrés Ospina Ochoa, responsable de la ocultación de fondos a través de las sociedades investigadas.
¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero con criptoactivos en Colombia?
Según información de la Fiscalía General de la Nación, el esquema consistía en la creación de empresas fachada que realizaban transacciones con criptoactivos como USDT, facilitando el ingreso y dispersión de los fondos, que luego eran monetizados rápidamente e invertidos en bienes y vehículos de lujo para ocultar su origen ilícito.
¿Qué significa la extinción de dominio y cómo se aplica en casos de lavado de activos?
La extinción de dominio, según la Fiscalía, es el proceso legal por el cual el Estado toma posesión de bienes cuyo origen o destinación está vinculado a actividades ilícitas como el lavado de dinero, permitiendo su ocupación y eventual decomiso para evitar que sigan en manos de organizaciones criminales.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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