Los abogados de Juliana Guerrero tienen un papel clave en medio de la controversia que surgió luego de las revelaciones por supuestos cobros en contratos y tráfico de influencias en el que se indica que participó con su hermana, Verónica.
La joven que renunció a su cargo como delegada del Gobierno Nacional ante el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar informó sobre esta determinación por medio de sus representantes legales, así como ha sucedido recientemente con cada paso que ha dado.
Lo cierto es que ella ha reconocido la necesidad de prepararse ante un escándalo que también la ha salpicado por títulos falsos, controversias en las que ha encontrado la defensa del presidente Gustavo Petro.
No obstante, la figura de la maquinaria legal con la que cuenta para los procesos judiciales que se aproximan es una muestra de cómo asume Guerrero esta delicada situación.
Alzate Hernández Abogados es una firma de abogados colombiana especializada en litigio, consultoría y asesoría jurídica integral. Ellos han firmado los dos recientes comunicados de la exfuncionaria.
El bufete centra su actividad principal en el derecho penal, el derecho disciplinario, el derecho fiscal y el derecho agrario. Guerrero, en medio del escándalo, cuenta con esa experiencia para su defensa.
La sede principal del despacho opera en Bogotá D.C., aunque la firma atiende procesos judiciales y asesorías en diversos municipios de Colombia. El equipo profesional representa a personas naturales, empresas privadas nacionales e internacionales y entidades públicas territoriales.
El trabajo de la firma abarca la defensa técnica ante investigaciones penales y procesos disciplinarios impulsados por órganos de control. También asumen la representación judicial en juicios de responsabilidad fiscal tramitados por la Contraloría General de la República.
En el área del derecho agrario, la firma asesora litigios sobre titulación de bienes baldíos, procesos de clarificación de propiedad y deslindes. Asimismo, atienden demandas sobre extinción de dominio, expropiaciones, reversión de predios y recuperación de tierras fiscales ocupadas indebidamente.
La propuesta de servicios del despacho incluye el litigio contractual y contencioso administrativo en controversias con el Estado. El equipo legal elabora conceptos normativos, diseña estrategias de prevención de riesgos corporativos y coordina consultorías jurídicas personalizadas para cada cliente.
Un elemento distintivo de Alzate Hernández Abogados, defensa de Juliana Guerrero, radica en su capacidad de investigación forense interna. El grupo de trabajo integra juristas e investigadores dedicados a obtener, asegurar y analizar elementos materiales probatorios para respaldar cada estrategia procesal.
Entre los fundadores y socios del bufete destaca el abogado Felipe Alzate Gómez, egresado de la Universidad del Rosario. El jurista cuenta con formación especializada en derecho penal y procesal penal por la Universidad Sergio Arboleda y diplomados en criminología.
Alzate Gómez posee trayectoria docente, consultora y litigante en asuntos penales, fiscales y agrarios de relevancia pública. Ha ejercido como asesor para entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El equipo interdisciplinario de la firma reúne a abogados asociados, juristas investigadores y dependientes judiciales altamente calificados. Varios de sus integrantes han colaborado previamente con la Fundación Acción Interna, ofreciendo asistencia jurídica directa a personas privadas de la libertad y pospenados.
El despacho articula el ejercicio profesional técnico con un enfoque ético enfocado en la defensa firme de las garantías constitucionales. Su metodología combina el análisis dogmático de las normas con la búsqueda activa de soluciones efectivas para las partes involucradas.
Asimismo, la firma promueve publicaciones informativas y artículos sobre casos judiciales de trascendencia social y debates doctrinarios relevantes. Su visión corporativa apunta al fortalecimiento de la justicia mediante una representación judicial seria, transparente y orientada a la protección de los derechos humanos.
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